De forma unánime se ha acordado intensificar acciones y comenzar una huelga en otoño en los centros de trabajo de todo el país, que irán creciendo en cuanto a intensidad y repercusión, afectando al funcionamiento de los distintos Servicios de Salud y a las prácticas de los alumnos que están cursando actualmente los estudios de estas especialidades.
El ninguneo constante por parte de las autoridades sanitarias y educativas no hace más que incrementar el hartazgo de los profesionales que realizan las técnicas de diagnóstico, seguimiento, prevención, tratamiento e investigación de las enfermedades.
El Ministerio de Sanidad ha rechazado de forma continuada a lo largo de los años las justas solicitudes del colectivo profesional de adecuar la formación académica a las necesidades del ejercicio profesional e igualar la formación académica a las de sus homólogos europeos, no dejándonos más remedio que poner en evidencia nuestra situación cuando España va a asumir la Presidencia del Consejo de la UE. No les parecen suficientes sus propios estudios e informes desde 1998, ni el respaldo de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados con 2 Proposiciones No de Ley aprobadas en 2018 y 2022, ni las recomendaciones internacionales en materia de Salud y Educación Superior, ni el respaldo a la titulación de Grado de Sociedades Médicas nacionales y europeas de nuestros ámbitos, ni la manifestación de apoyo realizada en Madrid el 5 de marzo de 2022, donde se congregaron más de 8000 Técnicos Superiores Sanitarios.
Si los responsables políticos no respetan y reconocen la importancia que tienen estos profesionales en el Sistema Nacional de Salud, lamentablemente, en otoño los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas verán afectado su funcionamiento por la paralización de sus Servicios de Radiodiagnóstico, Laboratorios Clínicos, Anatomía Patológica y Oncología Radioterápica
Las diferentes acciones se irán anunciando a medida que se vayan convocando, así como cualquier posible avance en las conversaciones con las autoridades sanitarias y educativas.